Mayra Silvera, directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) recorrió esta mañana Las Aldeas Infantiles SOS de la ciudad capital, en compañía del equipo técnico de la entidad compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, además de miembros de la junta directiva del Mides y de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá.
Igual visitaron otros cinco albergues en el área metropolitana, mientras que las distintas oficinas regionales de Senniaf hicieron las inspecciones correspondientes a nivel nacional.
Según Silvera estas visitas constituyen la continuidad de las inspecciones que se realizan de manera continua, en cumplimiento del Decreto 404 lo que ha estado haciendo desde el inicio de su gestión.
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La Senniaf reitera que solo uno de los 50 albergues que existen en el país es manejado a un 100 por ciento por el Estado. Este albergue opera en el distrito de Soná, en la provincia de Veraguas.
El resto de estos centros es manejado por organizaciones no gubernamentales (ONG'S) y cada una de estas organizaciones privadas toma sus propias decisiones, en cuanto a la población que va a recibir y atender.
De las 50 organizaciones privadas, un total de 40 reciben subsidio del Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) explica la funcionaria.
Ante las publicaciones hechas por un grupo de diputadas de la Asamblea Nacional, las cuales no cuentan con información detallada sobre supuestos abusos en los albergues manejados por las ONGS, la Senniaf se mantiene a la espera de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, indicó Silvera.
La Senniaf señala además que a la fecha no tiene conocimiento de lo que dice el informe elaborado por una subcomisión legislativa de la Mujer, la Niñez, la Adolescencia y la Familia, pues no ha tenido acceso, a pesar de insistentes pedidos realizados para obtener este documento.
Reiteró una vez más que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se encuentra a plena disposición para ofrecer la información que sea precisa para encontrar y castigar a quienes puedan resultar responsables por las denuncias presentadas.
En 50 albergues a nivel nacional se encuentran alrededor de 1,200 niños, niñas y adolescentes.
